En la última sesión realizada en la Legislatura de Tucumán, se sancionó -por mayoría- una modificación a la Ley 9.763, para que fiscales y defensores queden exceptuados de acogerse obligadamente a la jubilación, al igual que los magistrados, aunque cumplan con los requisitos previsionales exigidos. El proyecto de ley fue presentado por los legisladores Sergio Mansilla (presidente subrogante de la Cámara), Alberto Olea y Alfredo Toscano (vicepresidente segundo).
Esta ley fue cuestionada por el legislador radical José Cano, quien expuso sus argumentos en diálogo con FM latucumana 95.9. “Nos parece injusto que se obligue a todos los empleados de la administración pública, de los tres poderes, y que haya un sector privilegiado como los vocales del tribunal de cuentas, los vocales de la corte, los fiscales, los jueces, los defensores, que decidan si se quieren retirar a los 80, a los 85, a los 90 años, y que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo de la provincia pierdan la facultad de decidir cuando ya está un vocal de la corte con los aportes y con la edad para jubilarse”, manifestó.
Y sostuvo que “el artículo que incorporamos está tan mal redactado, que no solo los eximen de la jubilación, sino de la prohibición al doble empleo de un cargo nacional y otro provincial”. “El artículo 6 exime a los integrantes del Poder Judicial de absolutamente todo el texto de la ley, inclusive fragante violación al artículo 9 de la Constitución de la provincia que prohíbe el doble empleo. Es inexplicable”, agregó. Además, manifestó que: “Hay sectores de la sociedad que son privilegiados, que se jubilan cuando quieren y me parece injusto”, aseveró.
Por otro lado, los conductores de La Tucumana de Mañana le consultaron por qué el Poder Judicial goza de ciertos beneficios en relación con el resto de los funcionarios públicos. “Me parece que hay una enorme connivencia entre la política y el Poder Judicial porque muchas veces eso genera un alo de impunidad”, fundamentó y sostuvo que “la mayoría de los vocales de la corte fueron, previamente, funcionarios del ejecutivo provincial”.
“Me parece que nosotros tenemos que concebir un Poder Judicial que sea independiente, que tenga la inmovilidad, que no esté a tiro de decreto de un gobernador para ser echado, pero claramente tenemos que tener los pies sobre la tierra del momento que estamos viviendo. Estamos en el siglo XXI, lo que hace 30 o 40 años no se discutía, hoy claramente con los fallos de los antecedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación una cosa es la inamovilidad de un juez y otra cosa es que un juez tenga 80 años y siga administrando”, dijo.
Y argumentó: “Me parece que nosotros tenemos que legislar tomando el principio de igualdad ante la ley. Que una persona sea juez o fiscal no tiene un rango mayor al del ciudadano o un trabajador del Ministerio de Seguridad”.
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