La gestión actual de la intendenta Rosana Chahla presentó una denuncia penal por un presunto desvío de fondos públicos que ascendería a 500 millones de pesos, correspondiente a aportes financieros reintegrables otorgados por la Provincia durante los años 2020 y 2021. Según detallaron desde el municipio, solo se tiene registro contable de la mitad de ese monto, lo que abrió una investigación interna y derivó en una presentación ante la Justicia. El fiscal municipal Conrado Mosqueira sostuvo que la diferencia se habría canalizado a través de una cuenta bancaria no registrada oficialmente por el municipio, a nombre de la Municipalidad, pero que no figura en sus registros administrativos.

El exintendente Germán Alfaro, al ser consultado por esta acusación, negó haber sido notificado de la causa y minimizó el asunto atribuyéndolo a una maniobra política. “Hace un año que no abro la boca”, declaró. No obstante, documentos facilitados por el Banco Macro revelaron la existencia de cuatro transferencias por 125 millones de pesos cada una, realizadas a esa cuenta paralela. Además, se encontraron cesiones de derechos sobre coparticipación firmadas por Alfaro por el mismo monto que reclama hoy la provincia, lo que se interpreta como un reconocimiento formal de la deuda.

En los estudios de La Tucumana de Mañana (La Tucumana FM 95.9) los periodistas Ana Pedraza y Franco Carletto recordaron que este no es el primer escándalo por presuntas irregularidades en el que se envuelta la anterior gestión de gobierno municipal, encabezada por Alfaro. Esta denuncia se suma a otras irregularidades detectadas por la administración de Chahla al asumir el cargo, como la desaparición de una camioneta municipal que estaba bajo la órbita de la Dirección de Deportes, entonces dirigida por la actual concejal Ana González. Según el relevamiento patrimonial realizado por la nueva gestión, no existen inventarios de los períodos 2019, 2020 y 2021 de los bienes de esa área, y González no habría podido justificar la ausencia del vehículo. La funcionaria fue cesanteada como agente de planta municipal mediante la resolución 3371, firmada por autoridades actuales del municipio, y se le inició un sumario administrativo.

La intendenta Chahla declaró que ya se han presentado tres denuncias penales contra la anterior gestión sin avances sustanciales en el ámbito judicial, e insistió en la necesidad de esclarecer el destino de los fondos provinciales. Desde su llegada al Ejecutivo municipal, Chahla ha impulsado una serie de auditorías para sanear las cuentas públicas y transparentar el estado financiero del municipio, en una cruzada que ya suma varios capítulos judiciales contra exfuncionarios de la gestión alfarista.