El conflicto por el cierre de Fate continúa abierto. En La Tucumana de Mañana, Alejandro Crespo, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), rechazó la decisión empresaria y aseguró que no se trata de una quiebra sino de una maniobra deliberada. “No es que la fábrica quebró. No hay ninguna quiebra. Es una decisión comercial para presionar. Es una estafa a los trabajadores y a todo el pueblo argentino”, sostuvo en diálogo con Gabriel Sanzano.

La empresa, con 80 años de historia en el país, anunció el cierre y dejó en vilo a unos 900 trabajadores. Sin embargo, Crespo afirmó que existe un acuerdo firmado en mayo de 2025 que impedía despidos hasta julio de 2026. “Es un hecho totalmente ilegal. Hay un acuerdo de no despidos que la empresa está violando. Recibieron beneficios y ahorros tributarios a cambio de sostener la producción. Ahora no pueden romper lo firmado”, señaló.

“No quebró, invirtió”

El dirigente sindical insistió en que Fate no atraviesa una crisis financiera terminal. “Antes de cerrar, invirtieron en mantenimiento, cambiaron motores, hicieron mejoras. No es una empresa fundida, es una empresa que puede funcionar”, explicó.

Para Crespo, la decisión busca presionar tanto al Gobierno como a los trabajadores en el marco del fin de acuerdos comerciales que protegían ciertos insumos frente a la competencia extranjera.

“Si querían llamar la atención, la llamaron. Hace 12 días que no vamos a nuestras casas. Estamos resistiendo porque no pueden dejar a mil familias en la calle para negociar mejores condiciones comerciales”, afirmó.

Apertura de importaciones y mercado saturado

El conflicto también reavivó el debate por la apertura de importaciones. Según Crespo, hoy cerca del 80% de las cubiertas que se venden en Argentina son extranjeras.

Pero el dirigente fue más allá del impacto laboral y apuntó a la seguridad vial: “Se llenó el mercado de productos muy peligrosos. Son cubiertas que no resisten un pozo, no frenan igual, no aguantan la lluvia. Es un elemento de seguridad, no un producto descartable”.

En ese sentido, advirtió que las consecuencias podrían verse cuando ocurran accidentes de mayor magnitud. “No es solo un problema laboral. Es un problema de seguridad para toda la sociedad”, remarcó.

Un antecedente en los ’90

Crespo recordó que en 1991 la planta atravesó una situación similar, con un cierre temporario y posterior modificación del convenio colectivo tras un conflicto que incluyó represión. “Esta práctica extorsiva ya ocurrió”, dijo.

Con más de 20 años en la empresa, sostuvo que el conflicto actual debe resolverse con intervención judicial. “Tiene que haber una actuación ejemplar de la Justicia ordenando la puesta en funcionamiento. No es momento para dejar gente en la calle”, concluyó.

Mirá la nota completa: