La abogada Ingrid Lausberg y Sofía Rubino, sobreviviente de abuso intrafamiliar, dialogaron con Ana Pedraza y Gabriel Sanzano en el programa La Tucumana de Mañana, emitido por FM latucumana 95.9. Durante la entrevista, brindaron detalles sobre un proyecto que busca facilitar la supresión del apellido del progenitor agresor, una medida que hoy, aunque prevista en el Código Civil bajo la figura de "justa causa", requiere iniciar un nuevo juicio civil que resulta engorroso y traumático para las víctimas.
Lausberg explicó que la ley suele proteger la "inmutabilidad del nombre" para resguardar la identidad, pero advirtió que la norma debe ceder cuando la identidad de una persona cambia tras sufrir hechos desgraciados y prolongados en el tiempo. "Debería ser suficiente la declaración de voluntad del individuo más allá de la norma pétrea", afirmó la letrada, subrayando que "esa identidad está vinculada al dolor" y seguir portando el apellido del abusador impide superar el trauma.
Sofía Rubino, quien logró la condena más alta en la historia de Tucumán para un caso de abuso (20 años de prisión para su progenitor), relató que su lucha comenzó a los 13 años y que hoy busca ayudar a otros a través de su libro Somos sobrevivientes y su labor en diversas fundaciones. "Contar y ayudar es un modo de sanar", aseguró la joven, quien actualmente reside en Trancas para alejarse del "horror" y proteger a su familia. Rubino destacó la importancia de visibilizar estas historias ante la alarmante estadística de que "siete de cada 10 personas" en Argentina sufren o han sufrido abusos sexuales. En este sentido, el proyecto busca "no burocratizar un tema tan sensible como es la dignidad de una persona" y permitir un acceso real a la justicia sin nuevas instancias de revictimización.
Respecto a los alcances legales, Lausberg aclaró que la supresión del apellido no implica la desvinculación de obligaciones como la cuota alimentaria, sino que se trata de una "desvinculación emocional" necesaria para sacar a la víctima del "radar" del abusador. La abogada señaló que el trámite también puede ser solicitado por tutores o representantes legales en el caso de menores, aunque reconoció que la aplicación de las leyes actuales aún no está "a tono de la sensibilidad que requiere tratar estos temas". Finalmente, enfatizaron que la iniciativa busca que el Poder Judicial y las legislaturas estén atentos a situaciones que vulneran el honor y la dignidad, promoviendo la concientización social y la contención comunitaria como herramientas fundamentales de reparación.
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