En medio del escándalo por la contratación de 13 asesores de gabinete en la Caja Popular de Ahorros (CPA) —con un costo anual estimado en $1.165 millones— el gobernador Osvaldo Jaldo defendió la gestión de la intervención actual encabezada por Guillermo Norry y Antonio Bustamante. Estas designaciones, realizadas sin concurso previo, incluyen a familiares directos del subinterventor Bustamante y otras como la esposa del juez Pedro Yane Mana ─que falló a favor de la censura previa en la provincia─, con salarios que en varios casos superan los $7 millones mensuales, sobrepasando incluso la remuneración del propio gobernador.
Ante la consulta de eltucumano.com sobre estos nombramientos, considerando que la provincia pierde mensualmente entre $10.000 y $14.000 millones de coparticipación, Jaldo respondió de manera integral: "En primer lugar, quienes hoy están a cargo de la intervención asumieron, si no me equivoco, hace dos meses. Y no hay duda de que la Caja Popular de Ahorro es una de las instituciones que dentro de la misma funcionan diferentes tipos de área. Es la única institución donde funciona una parte financiera, donde funciona el Juego de la provincia, donde funciona el seguro de la provincia, los seguros tanto de los diferentes tipos de automóviles, seguros de ART, es decir, que es una institución que tiene varias actividades dentro de la misma, por lo cual no hay duda de que quienes asumen necesitan tener la colaboración y el asesoramiento de profesionales idóneos en cada área".
Luego, el mandatario continuó destacando el valor estratégico de la entidad: "Por eso yo digo que los dos interventores (Norry y Bustamante), no hay duda de que asumieron para hacer las cosas bien y para hacer las cosas bien tienen que rodearse de gente que realmente conozca la materia, conozca las diferentes unidades comerciales que tiene la CPA dentro, porque la CPA no es cualquier institución. Yo lo digo siempre, una de las pocas joyas de la abuela que se mantiene en manos del Estado. No hay otra institución financiera que se mantenga en manos del Estado Provincial".
Finalmente, Jaldo centró su defensa en el balance económico de la decisión: "Por eso yo entiendo que ellos se han rodeado de gente de confianza que les permita llevar adelante una muy buena administración en la Caja Popular, pero no hay duda que esto sí efectivamente puede significar un gasto, pero lo que ya se ahorró en la Caja Popular de Ahorro en estos dos meses supera ampliamente el gasto que ellos han generado con rodearse de asesores que conocen la materia y el funcionamiento de la CPA. Es decir, si lo comparamos numéricamente, lo que ha generado la erogación de la incorporación de especialistas dentro de la CPA, lo que ya se economizó con las decisiones que ha tomado la CPA, le puedo asegurar que ha superado ampliamente el ahorro para la Caja Popular".
A pesar de la explicación de las autoridades de la CPA, basada en la "optimización", diversas fuentes y denuncias internas de los empleados señalan que estos contratos vulneran el Estatuto de Personal, el cual exige concursos de antecedentes y pruebas de suficiencia para acceder a niveles jerárquicos, en un contexto de baja de recursos nacionales que obligaron a la Provincia a disponer de su fondo anticíclico acumulado para afrontar el pago de sueldos de los 120.000 empleados públicos en tiempo y forma.
Además, se conoció a través de documentos que la nueva intervención, encabezada por Guillermo Norry y Antonio Bustamante, mantiene estructuras del sistema anterior, como licencias por tratamiento prolongado para exfuncionarios investigados ─como la abogada Patricia Neme─ y contratos millonarios de auditoría sin licitación pública.
