La entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil en la Argentina, que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y amplía los delitos perseguibles, cosechó duras críticas de los organismos de derechos humanos. En diálogo con Gabriel Sanzano en La Tucumana de Mañana por FM La Tucumana 95.9, la directora ejecutiva de ANDHES, Florencia Vallino, advirtió que la medida es inconstitucional y regresiva, ya que va a contramano de los tratados internacionales de derechos de las infancias y de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU de 2024.

Vallino alertó que la ley habilita la criminalización de conductas menores y cotidianas de la conflictividad adolescente: "Conductas leves como el hurto simple o lesiones simples, que a diario suceden en contextos escolares, ahora podrían ser perseguidas penalmente". La abogada confirmó que una pelea estudiantil o la sustracción de útiles de un compañero en el aula podrían encuadrarse en la norma y derivar en la detención de un menor. Calificó la reforma como una medida de "demagogia penal" que no resolverá la inseguridad, dado que la incidencia de chicos de 14 a 16 años en el delito es estadísticamente insignificante.

Finalmente, la referente de ANDHES denunció que Tucumán ya incumple las pautas de separación absoluta y especialización que exige el propio régimen, al alojar a los menores en un pabellón adaptado dentro del complejo penitenciario de máxima seguridad para adultos de Benjamín Paz. Advirtió que la norma facilita el abuso policial y el armado de causas arbitrarias bajo la figura de "atentado o resistencia a la autoridad" contra adolescentes, especialmente en barrios populares y durante reclamos estudiantiles.