El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo provincial para la creación de la Fiduciaria de Tucumán S.A.U. y el Fondo de Garantía de Tucumán (FOGATUC) busca facilitar el financiamiento a pequeñas y medianas empresas locales mediante la consolidación de un sistema de garantías estatales. Sin embargo, la iniciativa fue objeto de duros ataques por parte del cisnerismo, esta vez en la voz de la legisladora Silvia Elías de Pérez por indicación del diputado nacional Carlos Cisneros. Durante una presentación en el medio Enterate Noticias, la parlamentaria denunció que el esquema sustituye la estructura tradicional de la Caja Popular de Ahorros por una caja personal administrada por el gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro Daniel Abad, criticando la falta de controles externos y la centralización de decisiones. Ante estos señalamientos, el gobernador Jaldo sostuvo que la oposición no leyó ni entendido la propuesta, remarcando que el acuerdo con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) evita comprometer los fondos de la Caja Popular como ocurría en gestiones pasadas.

Al ser consultado sobre esta controversia durante su diálogo con FM La Tucumana 95.9, el ministro de Economía, Daniel Abad, expresó su malestar por el giro en el discurso opositor tras las reuniones técnicas celebradas en la Legislatura. Abad fue contundente al rechazar las imputaciones de la legisladora radical y señalar la contradicción entre el plano privado y el público: "En un ámbito como ha sido la reunión de la Legislatura, en ámbito privado se dice una cosa y después públicamente se dice otra; la verdad que una decepción porque en la Legislatura se evacuaron todas las dudas y quedó claro, quedó absolutamente claro que esto es un fondo que otorga garantía, no es un fondo que da préstamos, no es una caja como salió a decir la legisladora (Elías de Pérez), no es una caja; acá no entra plata ni sale plata".

En relación con el funcionamiento operativo del FOGATUC, el titular de la cartera económica aclaró que los recursos se integran mediante aportes del CFI y de la provincia traducidos en títulos públicos para resguardar su valor, reiterando que el organismo no entrega financiamiento directo: "Es un fondo que se constituye con un aporte del CFI y con el aporte de la provincia que después se traduce en título público en bonos para mantener el poder adquisitivo, pero es para otorgar garantía, no se otorgan en crédito, no se da plata a los empresarios". Al explicar la naturaleza de esta herramienta, el ministro la comparó con los esquemas del sector bancario nacional: "Es como funciona en todas las provincias y es muy parecido a las sociedades de garantía recíproca del sector privado que maneja, por ejemplo, el Banco Nación".

Abad profundizó sobre las exigencias que enfrentan los emprendedores y pymes para acceder al crédito en el sistema financiero tradicional y el rol que cumplirá el nuevo fondo provincial: "Usted viene, tiene que sacar un crédito en un banco, el banco le pide un montón de requisitos, usted no tiene prenda, no tiene hipoteca para acceder al crédito; usted ha visto que los bancos comerciales, cada vez que le dan un crédito a una empresa, lo primero que le piden es hipotecar la casa, la fábrica o prendarle el equipo o la máquina cosechadora. Bueno, acá este fondo qué es lo que hace: agarra y le da una garantía a ese empresario para que esa garantía sea presentada al banco y pueda acceder al crédito incluso a tasas menores porque tiene la garantía del fondo".

Asimismo, el funcionario remarcó que el mecanismo exige un respaldo de contragarantía por parte del beneficiario para cubrir eventuales incumplimientos, descartando de plano cualquier manejo discrecional de dinero: "Después usted al empresario le pide una contracautela, una contragarantía en caso de que no llegue a pagar el crédito, entonces no hay manejo de fondo, no hay manejo de dinero, no hay caja, no hay nada, no hay una ventanilla donde alguien pueda dar un crédito ni nada por el estilo". Finalmente, desestimó los cuestionamientos de la oposición enfatizando el propósito productivo de la medida: "Es una falacia decir que es una caja y que se van a manejar de ninguna manera, solamente se lo hace para otorgar garantías para que aquel que necesite sacar un crédito para capital de trabajo, flujo de fondo o lo que fuere pueda tener mejores condiciones y pueda acceder a un crédito a tasa razonable".

Durante la misma entrevista radial, Abad abordó la necesidad de adecuar las partidas presupuestarias provinciales debido al desfasaje provocado por los índices inflacionarios nacionales. En ese sentido, explicó que las pautas utilizadas inicialmente quedaron desactualizadas: "Ha quedado corto el presupuesto en razón de que la provincia toma como parámetro los parámetros de la nación, y uno de esos parámetros, que era la inflación, era el 10% y la inflación está en el orden del 30%, por lo tanto quedó corto el presupuesto". El ministro puntualizó que el reajuste del 20 por ciento no representa un aumento del gasto público real: "Esto no implica mayor gasto, simplemente es alargar el presupuesto y adecuarlo a la inflación en curso", asegurando que se trata de "el mismo presupuesto actualizado por inflación, no se tocó absolutamente nada".

Otro de los temas tratados en la emisión fue la solicitud presentada para postergar la licitación pública del paquete accionario de la empresa distribuidora de energía EDET, administrada actualmente por el grupo Merelec. Abad justificó la prórroga ante las indefiniciones del gobierno federal en materia tarifaria: "Hemos hecho un pedido de ampliación del plazo de la licitación de las acciones de EDET porque justamente en este momento se está discutiendo y estamos esperando la resolución de la Secretaría de Energía de la Nación que tiene que ver con la compensación y los subsidios a zonas cálidas". Explicó además que el marco de compensaciones incide directamente en la valuación económica de la compañía: "Los subsidios que van en la tarifa también los afectan en la evaluación de la empresa... Nos ha parecido razonable y hemos extendido el plazo nada más, pero se va a cumplir con el llamado a licitación como corresponde".

Por último, el ministro brindó precisiones sobre la autorización tramitada ante la Nación para acceder a una línea de crédito de 100.000 millones de pesos destinada a infraestructura pública. Abad encuadró la gestión como un procedimiento administrativo regular destinado a áreas sensibles: "Es el trámite que se hace normalmente (...) que es exclusivamente para obra pública: rutas, caminos, rotonda, vivienda y todo lo demás". No obstante, aclaró que la activación del endeudamiento dependerá de la evolución de las arcas provinciales: "Nosotros por ahora no vamos a sacar ese crédito, salvo que siga cayendo la recaudación y se nos siga complicando a todo el país la actividad económica. Lo queríamos tener activado ahí por las dudas".

Este paquete de medidas se despliega en un contexto de retracción de la actividad económica generalizada, según describió el propio ministro al analizar el escenario fiscal de Tucumán. Al respecto, Abad detalló la merma prolongada en los ingresos provinciales: "Igual que la mayoría de las provincias, tenemos una caída constante de hace 8 meses de impuesto coparticipable como el IVA, como ganancias, e impuesto propio como el Ingreso Bruto nuestro". El titular de Economía concluyó señalando la relación directa entre el menor consumo y las finanzas estatales: "Viene cayendo y sigue cayendo todos los meses porque son impuestos que están íntimamente ligados al consumo. Cae el consumo, cae la recaudación; hace 8 meses que venimos en esa situación. La economía se está retrayendo en términos generales".