La fundadora del Frente de Mujeres Argentinas contra las Falsas Denuncias, Andrea Guacci, conversó con Ana Pedraza y Gabriel Sanzano en La Tucumana de Mañana por FM latucumana 95.9 sobre la necesidad de frenar la proliferación de acusaciones fabricadas en el ámbito judicial. Guacci relató que impulsó la creación de la organización tras vivenciar el caso de su esposo, el director técnico Diego Guacci, quien fue declarado inocente por la FIFA y la justicia argentina tras una falsa denuncia por acoso y daño psicológico formulada para removerlo de la selección nacional de fútbol femenino. A partir de esa experiencia, trabaja junto a la senadora Carolina Losada en una iniciativa para modificar el artículo 245 del Código Penal y establecer penas de prisión efectiva cuando exista dolo. "El proyecto de ley lo que busca es equiparar esto y sanar por medio de la justicia con una condena efectiva cuando la falsa denuncia se hace con dolo, con intención de buscar algo, de dañar o de venganza", explicó la entrevistada.
Al abordar la reciente resolución de la causa que involucró a exjugadores de Vélez en Tucumán, donde la Justicia dictó el sobreseimiento al constatarse la falsedad del relato de la denunciante, Guacci cuestionó la distorsión en la aplicación de la perspectiva de género y los convenios internacionales. Advirtió que tomar la sola palabra de la denunciante como prueba de cargo autosuficiente termina vulnerando el principio constitucional de inocencia. "Uno arranca en estos casos perdiendo porque automáticamente la perspectiva de género y convenios internacionales como Belém do Pará indican que una prueba es el relato de la denunciante; si lo dan por cierto, uno ya arranca con la cancha inclinada. Acá la carga de la prueba se invierte: la denunciante no tiene que demostrar que es culpable, sino que los abogados de los denunciados tienen que demostrar que son inocentes", enfatizó la dirigente, celebrando que algunos tribunales comiencen a corregir este criterio para exigir investigaciones rigurosas.
Por último, Guacci remarcó que las falsas denuncias se han instrumentalizado de forma recurrente en separaciones conflictivas, provocando el impedimento de contacto con los hijos, perjuicios económicos y daños psicológicos irreparables en los acusados. Asimismo, rechazó de manera categórica que penalizar las denuncias falsas desincentive a las mujeres a recurrir a los tribunales cuando sufren violencia real. "Decir que se está desalentando y que las personas van a carecer de la protección debida me parece un atentado contra las verdaderas víctimas de violencia, porque tenemos que tener en cuenta que una falsa denuncia le quita la atención urgente e inmediata a una verdadera víctima que necesita de la justicia", concluyó la referente.
