En diálogo con Franco Carletto para La Tucumana de Mañana por FM latucumana 95.9, el legislador Manuel Courel (bloque Cambia Tucumán) brindó detalles sobre la demanda entablada por su espacio junto al PRO, Fuerza Republicana y CREO ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para revisar la constitucionalidad del artículo 90 de la Carta Magna provincial. El parlamentario remarcó que el planteo no persigue una inhabilitación personal contra el mandatario provincial, sino fijar los límites institucionales de la reelección. "No es una demanda contra Jaldo personalmente; nosotros no estamos buscando un impedimento puntualmente, sino que pedimos que la Corte declare si el artículo 90 es constitucional o no. Sostenemos que 16 años en los máximos cargos electivos resultan intolerables para la Constitución Nacional y los principios republicanos de alternancia", aseveró Courel.
Al fundamentar la decisión de acudir de forma directa al máximo tribunal federal sin pasar por los tribunales locales, el legislador sostuvo que el Poder Judicial de Tucumán ya sentó un precedente confuso al avalar la candidatura de Juan Manzur en 2023. "Vamos directamente a la Corte de la Nación porque la justicia provincial ya falló en este asunto en el caso Manzur, generando una interpretación que permite un encadenamiento sucesivo de reelecciones entre gobernador y vicegobernador", explicó, al tiempo que rechazó las explicaciones brindadas por la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, al considerar que esbozó "argumentos políticos y no jurídicos".
En otro tramo de la entrevista, Courel apuntó contra el referente de La Libertad Avanza en la provincia, Lisandro Catalán, por negarse a sumar a su espacio a la presentación judicial. "Catalán está siendo funcional a Jaldo; postergar la demanda hasta que se oficialicen las candidaturas impide que la Corte tenga tiempo de pronunciarse y termina dividiendo a la oposición", disparó el parlamentario. Por último, proyectó que tras el traslado de la demanda a la provincia para responder en un plazo de entre 30 y 40 días, el tribunal nacional podría expedirse hacia fin de año o comienzos del próximo, antes de la oficialización de las listas.
