Un allanamiento realizado en una vivienda ubicada en Pasaje Camaño, a metros de la avenida Roca al 800, destapó una nueva red de explotación sexual en plena capital tucumana. Antonio Lucena, abogado de la Fundación María de los Ángeles, dialogó este miércoles con La Tucumana de Mañana (La Tucumana FM 95.9) y explicó que la investigación se inició en diciembre de 2024 tras una denuncia formal presentada por la fundación ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
Según relató el abogado, desde la fundación recibieron denuncias de vecinos que daban cuenta de que en el inmueble se observaba una circulación constante de hombres que accedían al lugar en breves lapsos de tiempo, situación que derivó en la denuncia y el inicio de las pesquisas.
La intervención estuvo a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que luego de varios meses de inteligencia logró recolectar pruebas suficientes para llevar adelante el allanamiento. En el operativo fueron rescatadas siete mujeres, presuntas víctimas de trata, y se detuvo a una mujer sindicada como la responsable del lugar y principal beneficiaria económica de la explotación. Según explicó Lucena, aún no se tomaron declaraciones formales a las víctimas, dado que el proceso implica una atención psicológica previa y un protocolo de declaración especial en Cámara Gesell, tal como lo establece el Código Procesal Penal de la Nación.
Por otro lado, el abogado destacó que la Fundación María de los Ángeles ha registrado un preocupante aumento de denuncias de explotación sexual en la provincia durante el último año. Este incremento, aseguró, se debe tanto a una mayor concientización social que alienta a las personas a denunciar como también al agravamiento de la situación económica que empuja a muchas mujeres en condiciones de extrema vulnerabilidad a caer en estas redes. “Lamentablemente, las mafias se adaptan: ya no hay prostíbulos con luces rojas, ahora se camuflan en casas particulares y se organizan por redes sociales”, alertó.
La Fundación, que este año cumple 18 años de lucha contra la trata de personas, continúa desempeñando un rol clave en la articulación con la justicia para desmantelar estas redes. Además de impulsar las investigaciones judiciales, brinda acompañamiento integral a las víctimas a través de asistencia legal, contención psicológica y apoyo social. “Necesitamos urgente la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal en Tucumán para que las causas avancen con mayor celeridad”, reclamó Lucena, y recordó que la causa por la desaparición de Marita Verón sigue abierta y en manos de la justicia federal.
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