Lo que debía ser una salida de domingo terminó en un grave hecho de violencia cuando Iván y su pareja Fran intentaron dialogar con un grupo de personas ajenas a su edificio que ocupaban de manera ininterrumpida ambos ascensores para trasladar muebles, obligando a adultos mayores a bajar por las escaleras. De acuerdo con el testimonio de Yvanna, el reclamo derivó en agresiones verbales con una clara matriz discriminatoria y, al salir a la calle, la pareja fue atacada cobardemente por la espalda. Fran sufrió un fuerte golpe en la cabeza al caer al suelo que le provocó la pérdida del conocimiento, mientras que Iván fue acorralado y sofocado por dos personas de gran porte, deteniéndose la golpiza únicamente por la intervención desesperada de vecinos y transeúntes que evitaron un desenlace fatal.

Tras el episodio, Fran debió ser internado en la unidad de terapia intensiva de la Clínica 25 de Mayo, donde la familia denunció negligencias médicas y un apuro injustificado por darle el alta. En la actualidad, el joven presenta mareos severos, dificultades para desplazarse e interconsultas neurológicas pendientes. A los daños físicos se suma un cuadro traumático agudo caracterizado por crisis de llanto y un temor constante a sufrir represalias, situaciones que impiden a ambos jóvenes salir a la calle o referirse públicamente a lo sucedido.

En el plano judicial, la causa se encuentra bajo la órbita de la fiscalía de instrucción a cargo de Mariano Fernández, mientras que el abogado querellante Aníbal Fernández dispone de audios, filmaciones de las heridas y testimonios clave como material probatorio. Además de cuestionar las deficiencias en el procedimiento policial inicial, la madre de la víctima advirtió que los agresores estarían vinculados a la empresa de seguridad privada Cóndor y al sistema público Siprosa, por lo que exigió máxima celeridad y firmeza al Poder Judicial para enviar un mensaje ejemplar a la sociedad.